Cómo una ley de la época de COVID que prohíbe las "noticias falsas" en Puerto Rico acecha a la prensa

En el punto más crítico de la pandemia de COVID-19, cuando Puerto Rico aprobó una ley que pretendía prohibir las “noticias falsas”, dos periodistas temieron que la prohibición los expusiera a procesos penales por sus reportajes los cuales eran críticos sobre el gobierno, sus funcionarios y sus medidas de respuesta a la emergencia. Según la ley, cualquier persona acusada podía enfrentar hasta tres años de cárcel y miles de dólares en multas.

La ley se dirigía a cualquier persona acusada de dar "una falsa alarma" o difundir información falsa que resultara en un riesgo para la vida, la salud o la propiedad durante una emergencia pública declarada en la isla. ACLU y ACLU de Puerto Rico presentaron una demanda para impugnar la ley en mayo de 2020, representando a Sandra Rodríguez Cotto y Rafelli González Cotto, ambos periodistas de larga trayectoria que han cubierto emergencias públicas. El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Primer Circuito, que decidirá sobre la constitucionalidad de la ley, escuchó los argumentos orales del caso en octubre.

"Creí que era esencial seguir adelante con este litigio porque el gobierno había cruzado una línea que amenazaba la esencia misma de la participación democrática", dijo González Cotto. "Cuando el estado se otorga a sí mismo el poder de decidir qué información es verdadera o falsa, especialmente durante una emergencia, abre la puerta a la censura, la intimidación y el amordazamiento del escrutinio legítimo".

En este segmento de Prensa en peligro, examinaremos el desafío de ACLU a esa ley en Puerto Rico y por qué proteger las "noticias falsas" de la regulación gubernamental protege todas las noticias.

Las leyes contra la desinformación pueden limitar la responsabilidad del gobierno

La demanda argumenta que permitir que el gobierno se convierta en el árbitro del debate público viola la Primera Enmienda. En este caso, la ley intenta criminalizar los informes que el gobierno considera peligrosamente falsos, poniendo en riesgo los derechos de cada periodista y poniendo en peligro al público en el proceso. En el 2017, por ejemplo, el secretario de la gobernación acusó públicamente a Rodríguez Cotto de mentir después de que ella revelara que la cifra reportada por el gobierno de los muertos a causa del huracán María estaba muy por debajo a la cifra real. Si la ley en cuestión hubiese estado vigente en ese entonces, podrían haberla procesado penalmente.

Puerto Rico no es el único lugar que ha introducido una ley contra las "noticias falsas", pero si se permite que la ley se mantenga, se encontrará en una compañía preocupante, como señaló la Clínica de la Primera Enmienda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia en su alegato de amicus curiae en nombre de grupos de libertad de expresión y prensa. Hungría, por ejemplo, prohíbe la cobertura "desequilibrada" y exige que los medios se registren ante el estado. Rusia ha castigado duramente a periodistas por su cobertura del gobierno bajo la apariencia de combatir las "noticias falsas". Egipto ha prohibido medios de comunicación por "publicar noticias falsas" sobre Israel y Gaza.

"Un pueblo libre requiere una prensa libre", dice Brian Hauss, subdirector del Proyecto de Expresión, Privacidad y Tecnología de ACLU y abogado principal del caso. "Si los recientes ataques de la administración Trump a los medios, desde CBS News hasta Jimmy Kimmel, nos han enseñado algo, es que no se puede permitir que el gobierno dicte qué debatimos o cómo lo debatimos. Pero eso es exactamente lo que esta ley intenta hacer".

En 2023, un juez federal estuvo de acuerdo y derogó la ley: "Los tribunales deben estar vigilantes para asegurar que la Primera Enmienda no se debilite durante periodos de emergencias declaradas. La función de vigilancia de la libre expresión nunca es más vital que durante una crisis a gran escala".

¿Puede el gobierno regular las noticias falsas y los engaños?

La ley en Puerto Rico es alarmante precisamente por su lenguaje amplio: podría permitirle al gobierno controlar todo tipo de información durante crisis como una pandemia o un huracán. Un poder de censura tan abarcador y su efecto y el consiguiente efecto inhibidor sobre expresiones que se aparten de la narrativa oficial del gobierno, podría poner en peligro a las personas al limitar sus fuentes de información y disuadir a periodistas e individuos de contradecir a quienes ostentan el poder. Por ejemplo, como describió el Reporters Committee for Freedom of the Press en su alegato de amicus curiae (https://www.rcfp.org/briefs-comments/rodriguez-cotto-v-gonzalez-colon/) a nombre de organizaciones de medios, leyes de “noticias falsas” como la de Puerto Rico podrían haber disuadido a reporteros de cuestionar los intentos de la administración de George W. Bush de minimizar la devastación causada por el huracán Katrina.

Aunque Puerto Rico insiste en que su ley de "noticias falsas" es esencial para evitar que las falsas alarmas causen pánicos masivos peligrosos, la regla de la FCC sobre engaños en las transmisiones de la década de 1990 demuestra que es posible redactar una ley que proteja la seguridad pública sin socavar las libertades de prensa. Esa regla se introdujo como una forma de combatir los engaños radiales comunes a partir de los años 70s. Varios programas de radio realizaron montajes falsos al aire con fines promocionales, que iban desde confesiones falsas de crímenes violentos hasta secuestros ficticios de locutores. En un ejemplo muy sonado, el director de la emisora WALE-AM en Rhode Island anunció falsamente que el presentador del programa, Steve White, había recibido un disparo en la cabeza afuera del estudio mientras se tomaba un descanso para fumar.

El anuncio provocó que la policía y los medios acudieran a la estación, desperdiciando recursos públicos y causando pánico entre los oyentes. Después de décadas de engaños similares con diversos grados de respuesta pública, la FCC creó la regla de engaños en transmisiones basada en los comentarios de los radiodifusores y del público. La regulación castiga la transmisión de información falsa sobre un "crimen o catástrofe" si la estación sabe que la información es falsa, es prácticamente seguro que el discurso causará un daño público inmediato y sustancial, y la transmisión, de hecho, crea ese daño.

La mayoría de las estaciones saben que la regla de engaño puede invocarse solo si emitieron, por ejemplo, una amenaza de bomba falsa o una transmisión engañosa sobre un tiroteo masivo. Esto contrasta fuertemente con el lenguaje amplio de la ley de Puerto Rico, que potencialmente criminaliza el discurso sobre cualquier tema durante una emergencia declarada, desde especulaciones sobre el origen de COVID-19 hasta reportajes sobre el resultado de una elección.

Como ha sostenido el Tribunal Supremo, el gobierno no tiene la autoridad para castigar el discurso falso, especialmente en asuntos de interés público, excepto en contextos muy limitados, como prohibir el perjurio o el hacerse pasar por un policía. La ley de Puerto Rico va mucho más allá de esos contextos limitados y viola la Primera Enmienda.

Protegiendo el derecho de libertad de prensa para los puertorriqueños y más allá

Para Puerto Rico, el futuro está en el aire. El gobierno apeló el fallo de 2023 que derogó la ley, y el Primer Circuito escuchó la apelación en octubre. El resultado tendrá implicaciones mucho más allá de los reportajes en la isla.

Para González Cotto, este es el punto: "Para mí, lo que estaba —y sigue estando— en juego es si los puertorriqueños pueden vivir en una sociedad en la que cuestionar al gobierno está protegido, no criminalizado", dijo. "Este caso nunca se trató solo de una ley. Se trataba de establecer un precedente que impidiera que futuras administraciones utilicen leyes vagas como armas para silenciar la disidencia”.

La historia enseña que sin una prensa robustamente libre, el gobierno puede salirse con la suya en abusos de poder con poca oposición. Para González Cotto, los periodistas son un medio a través del cual el público puede ejercer su poder para cuestionar, verificar y responsabilizar a las instituciones. "Una prensa libre asegura que ningún gobierno, corporación o interés poderoso pueda operar sin control", aseveró. "Cuando la prensa es restringida, el público se vuelve vulnerable. Cuando la prensa es libre, el público se vuelve invencible”.

En un momento en el que el gobierno está restringiendo el acceso de la prensa y utilizando a la FCC para castigar a comediantes, mantener esa libertad es más importante que nunca. Permitir que el gobierno decida qué es verdad y qué no lo es, resulta peligroso para todos nosotros. Pero la historia también nos ha enseñado algo más: cuando luchamos por ella, la Primera Enmienda es lo suficientemente fuerte como para capear la tormenta.

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